Inicio > Política y derecho > Límites a la libertad de conciencia (II)

Límites a la libertad de conciencia (II)

En el post anterior decíamos que, a pesar de ser un derecho fundamental, la libertad de conciencia no es un derecho absoluto, y que la sinceridad de la conciencia es una exigencia básica para cualquiera que quiera invocarla. Sin embargo, ese no es su único límite. La libertad de conciencia también debe ceder y limitarse cuando su ejercicio afecta los derechos de los demás, o el bien común.

En un mundo simple e ideal todos los derechos se ejercerían sin límites ni problemas. Todos opinaríamos, nos desplazaríamos y viviríamos sin afectar jamás los derechos de otros. Sin embargo, eso solo será posible cuando vivamos completamente aislados. Nuestro mundo, en cambio, está lleno de conflictos entre derechos, y de interacciones sociales cada vez más complejas. En nuestro mundo, los derechos, incluso aquellos que todos reconocemos como fundamentales, deben limitarse cuando afectan los derechos de los demás.

Para resolver los conflictos entre derechos fundamentales no hay reglas directas y fáciles, porque las particularidades de cada caso son muchas. En principio, podemos hablar de dos grandes reglas. La primera es que debe darse prioridad a un derecho fundamental por sobre otros derechos (de un colectivo, o del Estado). Por ejemplo, si un médico se niega a hacer un aborto por motivos de conciencia, debe respetarse su derecho por sobre el de la mujer, porque no existe un derecho fundamental a practicarse un aborto.

La segunda regla se refiere a un conflicto entre los derechos fundamentales de dos personas, y en ese caso se debe buscar que ambos derechos alcancen su máxima expresión posible. Si un abogado no quiere defender a un abusador de niños, puede negarse en razón de su conciencia, y el imputado deberá buscar otro defensor. Sin embargo, si es el único abogado en un área que puede hacerlo deberá hacerlo, dando preferencia así al derecho a un proceso racional y justo. Así, factores como la facilidad de transporte y comunicación son relevantes para determinar si una persona puede ejercer su derecho a defensa.

Estas breves reglas deberían bastar para resolver sin problemas el caso de los floristas y fotógrafos que se niegan a prestar sus servicios en bodas gay. Si hay otros 200 fotógrafos en la ciudad que podrían prestar un servicio equivalente, nada se pierde porque uno de ellos rechace ese empleo, y los gays busquen otra persona que les haga un pastel. Así el Estado logra que se respete la libertad de conciencia del fotógrafo o pastelero, y que la pareja homosexual obtenga el servicio que necesita.

Caso diferente es el del funcionario público que se niega a realizar una boda homosexual. Si él conocía que esa era una función del cargo e ingresó voluntariamente al servicio público, se entiende que no tenía objeción de conciencia al respecto. De lo contrario no debió haber postulado a un cargo que no se encontraba habilitado para servir cabalmente. Si durante su ejercicio en el cargo experimentó un cambio de conciencia, entonces es él quien debe asumir el costo de su “conversión” y corresponde que renuncie. Más complejo resulta el caso del funcionario que estando en un cargo ve que las leyes cambian y se agrega una función con la que no está de acuerdo. En esa situación el Estado debería acomodar para que otra persona realice esa labor, una que no tenga objeción de conciencia, o acordar su traslado a otras funciones.

“¡Es que estas personas son homofóbicos! Se niegan a hacerlo porque desprecian a los homosexuales”, nos han dicho en los comentarios. Eso, sin embargo, no hace ninguna diferencia. Es de la esencia de la libertad de conciencia que no se castigue ni persiga a las personas por tener ciertas opiniones, por inmorales que nos parezcan. Si un pastelero puede negarse a preparar una torta para el meeting anual del KKK de Alabama, con una cruz gamada y que diga “muerte a los checoeslovacos”, porque le parece repugnante, debemos reconocer el mismo derecho al que se niega a participar en una boda gay. La libertad de conciencia es un derecho que tienen todos, por errados que puedan estar en sus opiniones.

A nosotros nos parece que los pasteleros y fotógrafos que se niegan a atender una boda gay están en lo correcto y su actitud no solo es moral, sino heroica. El punto es que lo errada o correcta, ética o no que puede ser una idea no debería ser relevante para proteger la libertad de conciencia.

Nos dirán que los racistas se negaban a atender a los negros, tal como los homofóbicos se niegan a atender a los gays, y que al defender la libertad de conciencia estamos avalando el racismo. El racismo es una doctrina perversa, un verdadero cáncer de la humanidad que ha destruido la vida de incontables personas por el solo hecho de nacer con el color de piel equivocado. Sin embargo, si admitimos que todos tienen derecho a la libertad de conciencia, admitimos que algunas personas la mal utilizarán para hacerse a sí mismos racistas. El defender un principio a veces nos lleva a conclusiones indeseables. Es un precio altísimo, pero el Estado debe tolerar estas opiniones, porque las alternativas son aún peores: o nadie tiene libertad de conciencia; o solo la tienen los que detentan el poder y quienes están de acuerdo con ellos.

La sociedad civil en su conjunto tiene el derecho y el deber de reaccionar ante los que mal utilizan la libertad de conciencia, por ejemplo, para propagar el racismo. Los medios de comunicación deben exponer a estas personas, y todos podemos ayudar, dejando de hacer negocios con ellos o cortando cualquier vínculo con sus negocios. Al actuar así cada ciudadano ejerce su propia libertad de conciencia, en conformidad con lo que considera ético y sin pasar a llevar los derechos de los racistas. El Estado, sin embargo, no debe actuar contra tales personas, porque caería en una persecución ideológica.

La situación se tornar todavía más compleja, cuando muchas personas ejercen su libertad de conciencia en un sentido que provoca un grave perjuicio a la sociedad. En ese caso el Estado está autorizado para proteger al bien común, que sería dañado en caso que una opinión perniciosa se propagara. Esto ha ocurrido en determinados momentos de la historia. Pienso en el nazismo en Alemania, o las leyes Jim Crow en Estados Unidos, que establecían la segregación racial. En ambos casos, se implementaron políticas que reflejaban las ideas de una mayoría democrática, pero eran ilegítimas, por el daño provocado en su propagación. En esas situaciones es necesario que el Estado intervenga.

El respeto a la libertad de conciencia obliga a reconocer que la intervención del Estado contra una ideología no debería ser lo habitual. Tiene sentido que el Estado alemán de la posguerra prohíba que se publique Mein Kampf y toda clase de parafernalia Nazi. No sería tan razonable, sin embargo, que el Estado chileno intentara hacer lo mismo. La diferencia no radica en la idea que se persigue erradicar, sino en el perjuicio que su propagación provoca en la sociedad y el contexto histórico. En Alemania el nazismo llevó al holocausto y a una guerra, mientras que en Chile se ha mantenido aislada y sin repercusión política. En Chile los controles sociales previos a la intervención estatal han bastado para mantener contenidas las ideas nazis, y sería muy bueno que en Alemania ya no fuera necesario prohibirlas.

No solo ideas moralmente repugnantes, como el nazismo y el racismo, pueden causar daños al bien común. El pacifismo puede parecer inocente y hasta loable en individuos aislados, pero si se generaliza el Estado puede ver reducida su capacidad de defender al país. En ese caso, sería razonable que la objeción de conciencia de los pacifistas se viera limitada por la necesidad de defensa, es decir por una razón de bien común. Nuevamente, no se persigue la idea en sí misma ni la sola conciencia de las personas, sino el daño que se puede causar al generalizarse. Se trata de opiniones posibles dentro de lo que admite la libertad de conciencia, y que individualmente pueden ser toleradas, pero que si se propagan deben ser contrarrestadas.

Tenemos entonces que los límites a la libertad de conciencia son tres: la sinceridad, los derechos fundamentales, y el bien común. Dentro de este marco deberían resolverse los conflictos a que da lugar la libertad de conciencia, instando siempre por su mayor expresión posible.

Anuncios
Categorías:Política y derecho
  1. Aún no hay comentarios.
  1. No trackbacks yet.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: