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¿Estado Laico? ¿Separación?

La relación entre Iglesia y Estado ha estado de moda en semanas recientes, al menos acá en Chile. Todo comenzó con las protestas de algún periodista por la participación de las autoridades públicas en el Te Deum de septiembre, y ha seguido con la propuesta de la diputada comunista Camila Vallejo para quitar la frase “En nombre de Dios” con que se inician las sesiones del Congreso. Esta clase de propuestas, y otras como retirar pesebres de espacios públicos, se fundan en la sacrosanta “separación de Iglesia y Estado” y se sazonan con indignadas apelaciones al “Estado Laico”.

¿Saben qué es lo más curioso de todo este debate? Que las expresiones “Estado Laico” o “Separación de Iglesia y Estado” no se encuentran en ningún texto normativo aprobado por el Congreso. Ninguno. No aparecen en la Constitución de 1980 ni en sus antecesoras. Tampoco provienen de alguna ley vigente o que se haya dictado en el pasado.

No solo eso, tampoco aparecen en leyes extranjeras que alguien pudiera invocar como referencia. La Constitución Española vigente habla del deber de colaboración entre la Iglesia y el Estado. El pacto de San José de Costa Rica se extiende sobre la no discriminación por motivos de religión y la libertad religiosa, pero nada dice sobre una supuesta separación entre religión y vida pública. En Estados Unidos, la Primera Enmienda establece la libertad de culto y prohíbe al Congreso nacional de ese país imponer una religión a los Estados federados, pero nada más.

Se puede decir que Chile es un Estado Laico, porque la Constitución no establece una religión oficial. Esa es una conclusión razonable. Sin embargo, a partir de esa omisión no se pueden establecer derechos y prohibiciones para el Estado. Cualquier deber o política que se quiera sacar de esto no es más que una interpretación particular, que no se encuentra en una norma.

Otro tanto ocurre con la idea de la separación entre Iglesia y Estado. Esta expresión tiene su origen en una carta del independentista estadounidense Thomas Jefferson, donde él interpreta la Primera Enmienda en el sentido que establecería un muro de separación entre Iglesia y Estado. Demás está decir que esa es una interpretación privada, que hizo un ciudadano particular hace 200 años de una norma extranjera. Su valor como argumento de autoridad es nulo.

En conclusión, la pregunta acerca de la relación entre Iglesia y Estado en Chile se encuentra completamente abierta. Puede que se ignoren mutuamente, pueden colaborar, e incluso una ley podría establecer una religión oficial para ciertos efectos. Nada hay en la Constitución que lo impida.

¿Podemos ir más allá? ¿Hay argumentos a favor de los actos públicos de religiosidad?

La Fundación Voces Católicas ha resumido muy bien las razones que justifican la participación de la religión en la esfera pública y de la Iglesia Católica en particular. El ateísmo y el agnosticismo no tienen por qué ser la respuesta por defecto del Estado ante la cuestión religiosa. Ello incluso implicaría romper la neutralidad ante las alternativas que existen en la sociedad sobre el tema. Reconociendo que ante el Estado no hay una opción mejor que otra, solo nos resta volver al principio democrático para resolver esta cuestión. En tal caso es perfectamente válido que, por tradición y por mayoría, la primera religión representada sea la Iglesia Católica.

Por mi parte, quisiera proponer otro argumento, que complementa el anterior.

Es evidente que Estado moderno, por muy laico que sea, no es neutral en cuestiones espirituales. Al decir que los derechos humanos son anteriores al Estado y reconocerlos como un límite a su poder, está haciendo una declaración espiritual. Al tiempo que abraza la igualdad como un principio fundamental de su acción, renuncia al ateísmo o agnosticismo materialista como opción. Es simplemente imposible ajustar conceptos como la dignidad personal, la igualdad o derechos inherentes a la persona, con esa filosofía. El materialismo solo deja espacio para que el más fuerte imponga y hace de esa diferencia una realidad fundamental. Si no es eso lo que queremos, el Estado debe reconocer cierta forma de dios personal, capaz de otorgar dignidad y derechos al ser humano. Una especie de deísmo personalista. Al menos.

Luego, si el propio Estado reconoce que existe un dios que ha creado al ser humano y lo dota de ciertos derechos inalienables, sería absurdo rechazar las expresiones de religiosidad en la esfera pública. No solo eso, además se hace evidente, como un deber de justicia, la obligación del Estado de dar gracias al creador de forma pública. La gratitud es una virtud que el Estado debe promover en la sociedad, como condición de su propia existencia, y para promover la cohesión social. Esto justifica por sí solo que cada 18 de septiembre se lleve a cabo un acto público de acción de gracias a Dios, como el Te Deum que realiza la Iglesia Católica o algunos protestantes, con participación de autoridades públicas.

De igual forma, las invocaciones a Dios al inicio de actividades públicas no son incompatibles con el Estado Laico, en tanto no hagan una referencia explícita a cierta religión en particular. De hecho, invocar a Dios debe recordar a los políticos su compromiso con principios éticos más fundamentales que la lealtad con el partido, o incluso la voluntad de la mayoría de los votantes, cuando esa voluntad lleva a violar los derechos de la minoría. Este argumento debería llevarnos precisamente en la dirección contraria de lo que propone la diputada Vallejos. Si reconocemos que la crisis de representación de la política, y la desafección de los ciudadanos hacia sus representantes proviene de los escándalos de corrupción, las referencias a Dios en la esfera pública deberían intensificarse.

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Categorías:Política y derecho
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