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Una declaración excelente

Hace unos días pedí, desde esta misma tribuna, una manifestación de los obispos católicos acerca del proyecto de ley que regulaba el Acuerdo de Vida en Pareja, patrocinado por el gobierno de Sebastián Piñera. Hoy amanecí contento, porque Monseñor Ricardo Ezzati, en conjunto con otros líderes cristianos de Chile, ha entregado formalmente al gobierno un documento manifestando la opinión de la Iglesia Católica chilena acerca de los proyectos de ley sobre aborto, regulación de las uniones de hecho y la discriminación. Aquí podemos leer la nota de prensa en el sitio de la conferencia episcopal, Iglesia.cl, y la declaración misma.

Hay varios puntos que destacar acerca de esta misiva, pero sin dudas el más importante, por lo novedoso, es el enfoque ecuménico, que permite demostrar que no se trata sólo de una cosa de los católicos, sino que la defensa de la familia, la vida y la libertad religiosa son esenciales para el mensaje cristiano. Debo reconocer además que me llamó profundamente la atención la participación del líder de la Iglesia Anglicana, ya que en otras latitudes esta comunidad eclesial es más parte del problema que de la solución. Por otro lado, al haberlo suscrito Monseñor Ezzati en conjunto con las cabezas de otras Iglesias y comunidades cristianas, es indudable que él lo hizo en su calidad de Presidente de la Conferencia Episcopal Chilena, de modo que no es sólo el arzobispo de Santiago, sino la Iglesia chilena la que habla a través de sus autoridades.

Respecto del aborto, el documento indica:

Nos parece completamente improcedente que se legisle para introducir en nuestra patria el aborto, es decir la facultad de poner fin a la vida humana en el seno materno. No existe ninguna razón que haga lícita una intervención directa con el propósito de privar de la vida al más inocente de todos los seres.

“Completamente improcedente”, “no existe ninguna razón”, afirmaciones categóricas y que no dejan lugar a interpretación. En relación a las uniones homosexuales:

Expresamos nuestro rechazo a la legislación que pretende incluir en el ordenamiento jurídico las uniones de hecho, especialmente entre personas del mismo sexo. Creemos que aprobar estas iniciativas, tal como se proponen en los proyectos legislativos presentados al Parlamento, implica por sí mismo discriminaciones atentatorias contra el bien de la institución matrimonial e injustas en contra de la vida.

No sólo se declara que el llamado matrimonio homosexual atenta contra el verdadero matrimonio, sino también legislar acerca de las uniones de hecho. La razón es muy simple: el Estado regula el matrimonio, no para celebrar el amor de los contrayentes (faltaba más), sino para asegurar que los niños cuenten con su padre y su madre, de modo de acceder a las mejores condiciones posibles en su desarrollo y así propagar la especie. En vista a ese fin, la estabilidad del vínculo es esencial, y resulta seriamente socavada cuando las parejas pueden acceder a los mismos beneficios sociales que implica el matrimonio (a través de una unión de hecho reconocida por el Estado), sin asumir el costo que implica la unión conyugal estable.

Rechazamos que en la redacción del actual proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación se use el término “orientación sexual”, un concepto cuya ambigüedad ha derivado, en otras naciones, en una distorsión de la sexualidad y de las bases de la familia, así como en un serio peligro para el ejercicio de numerosas libertades, entre otras la religiosa, que son los fundamentos de una sociedad libre.

A diferencia de los casos anteriores, no necesitamos recurrir a argumentos de sentido común para mostrar lo justificadas que se encuentran los temores de los obispos cristianos, basta con revisar las notas de matonaje y abusos hacia los cristianos que cada día se cometen en nombre de la diversidad.

El único punto en que me permito manifestar una divergencia con los obispos es en su apelación a que “más de un 85 % de la comunidad nacional se declara de convicciones cristianas”. Tengo la personal impresión que la autoridad efectiva conjunta de los líderes cristianos, sobre todo en puntos en que el mensaje cristiano es contra cultural y nos desafía, no se eleva actualmente más allá del 35% de la población.

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