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Justicia universal

En estos días Chile se encuentra preparando las reformas constitucionales necesarias para que el Estado pueda reconocer la jursidicción del Tribunal Penal Internacional (TPI).

En principio, parece una buena idea tener un tribunal que persiga los delitos más graves, los llamados “crímenes contra la humanidad”, que no esté sujeto a los vaivenes de la autoridad política que ejerza el poder en un determinado territorio. Sin embargo, no se pueden dejar pasar algunas precisiones.

Desde el punto de vista de la teoría política, una justicia universal implica terminar con la idea del Estado como una ente soberano. A pesar de que las decisiones políticas siempre estuvieron sujetas a presiones de todo tipo, al menos en teoría cada Estado era soberano, y no debía rendir cuenta de sus actos ante nadie. Por expresarlo de algún modo, el Estado no estaba obligado a reconocer la existencia de nadie más que de sí mismo. Al reconocer un tribunal internacional como una instancia válida, el Estado atenta contra su propia soberanía.

Esto no es menor, pues la primera medida que adoptará un gobernante que pudiera verse afectado por la acción de esta corte internacional, será declarar nula la norma que somete al Estado a una autoridad extranjera, y al menos desde el punto de vista teórico ¡tendría toda la razón!

Por otro lado, la cosa no es muy clara respecto a la legitimidad con que emitiría sus resoluciones este tribunal. En la teoría democrática, todos los poderes del Estado deben fundar su actuación en último término en la voluntad popular. En el caso de los poderes ejecutivo y legislativo, ellos se legitiman por las elecciones periódicas, en tanto que el Poder Judicial lo hace al aplicar estrictamente las leyes emanadas del poder legislativo y al intervenir en el nombramiento de los jueces los ciudadanos (como ocurre en otros países) o poderes políticos generados democráticamente.

En el caso de esta corte no se ve que los jueces que la conforman puedan justificar su legitimidad de alguna forma. Desde luego, las leyes que aplicará será aquellas producto de un tratado, el cual no es aprobado por las personas o sus representantes, sino por los Estados, y los jueces se elegiran por consideraciones políticas de los Estados intervinientes.

En otras palabras [fuente]:

con la vigencia del TPI, en la práctica, un ciudadano pierde el derecho a ser juzgado imparcialmente por los tribunales de su propio Estado, quedando sometido a una instancia internacional en la que su juzgamiento será mas político que jurídico.

Avanzar hacia una justicia universal es una aspiración profundamente ética y de plena justicia, pero no por eso podemos justificar todos los medios que se dispongan a ese fin.

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Categorías:Política y derecho
  1. 29/08/06 en 2:02 pm

    off topic: guau! a otro nivel el blog! Super bueno y super bonito! Te incluyo inmediatamente dentro de mis blogs amigos!

  2. 30/08/06 en 9:24 pm

    Muchas gracias, Marta

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