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Mano blanda y derecho penal

En relación al tema de la nueva reforma procesal penal y la mano blanda, creo que la ciudadanía chilena se merece una explicación, que hasta ahora ningún abogado se ha atrevido a entregar. En mi calidad de abogado intentaré suplir esa situación.

El chileno medio identifica como uno de los mayores problemas de nuestra sociedad el aumento de la delincuencia, y se manifiesta sorprendido por la nula reacción que los tribunales de justicia tienen frente al delito. Los medios de comunicación hacen eco fuertemente de esta inquietud y hablan de la “mano blanda” de la justicia, y de la “puerta giratoria”. Los abogados no responden y los jueces se escudan en sus resoluciones que la gente no entiende, mientras los políticos prometen una y otra vez endurecer las penas y que “ahora sí” se aplicará mano dura a la delincuencia.

La culpa de esta situación no la tienen los jueces, sino la enseñanza del derecho. En ellas, se enseña que la mano blanda y condescendiente con quien ha cometido un delito es un principio básico y fundamental de la “ciencia del derecho penal”. Obviamente, no hablan del principio mano blanda (o su equivalente en latín) sino del “principio pro reo”. Este principio le ordena al juez que cualquier ley que beneficie al condenado con una pena más baja debe aplicarse siempre, mientras que una ley que perjudique al delincuente debe examinarse cuidadosamente para ver si podemos evitar aplicarla por alguna razón.

¿Cómo se llega a esta situación? El razonamiento va más o menos así: el poder corrompe, y la sociedad al hacer uso del poder se corrompe y corrompe a sus miembros. En tanto, el ser humano individualmente considerado nace bueno pero la sociedad lo corrompe: el ser humano corrupto llega a convertirse en el delincuente. Entonces, dice esta teoría, resulta injusto que la sociedad, que ha obligado al individuo a convertirse en delincuente, no le ha brindado oportunidades para desarrollarse y le ha reprimido con sus imposiciones, luego lo sancione o lo encarcele cuando comete un delito. En otras palabras, el delincuente es una víctima de la sociedad. Si la sociedad no ha progresado lo suficiente todavía para abolir las cárceles, al menos debe aplicar la pena más baja posible.

El resultado de esta ideología es la mano blanda como principio general del derecho penal y la puerta giratoria como resultado visible.

En este marco, los jueces no hacen más que aplicar lo que aprendieron durante su formación y terminan aplicando principios que son ajenos a la comunidad e impopulares.

Hay varias cosas que se pueden comentar acerca de esta visión: el pesimismo acerca de la influencia de la comunidad en el individuo, la negación de la libertad como núcleo de la persona, y cómo se opone a la visión cristiana del ser humano.

Como se ve, esta situación no tiene nada que ver con la implementación de un sistema de mayor respeto a las garantías de los ciudadanos, que es la reforma procesal penal. Por el contrario, estos criterios venían siendo la norma general en los tribunales desde hace unos 30 años. La diferencia se produce al implementar un proceso público y abierto: antiguamente los jueces resolvían a puerta cerrada y la víctima no se enteraba de la decisión, y si llegaba a conocerla, rápidamente la atribuía a la corrupción y no al juez. Con el sistema actual es el propio juez el que da a conocer su decisión y es percibido como responsable de la insatisfacción de la víctima por la respuesta del Poder Judicial.

¿Tiene salida esta situación? Habría que cambiar muchas cosas: el sistema de cárceles está colapsado y cualquiera se la piensa dos veces antes de enviar ahí a una persona que tal vez podría “pagar su deuda” de otra forma. Además, efectivamente la sociedad pone a muchas personas en dificultades para cumplir sus normas de comportamiento, y esa es una realidad que no puede descartarse. Pero al mismo tiempo, hay muchos que libremente han elegido el delito como forma de vida, conociendo las consecuencias de su decisión, y son ellos los que abusan del sistema y lo desprestigian y deslegitiman ante la comunidad.

El problema no es menor, porque el Poder Judicial es la respuesta que el Estado entrega al individuo ante los abusos de sus pares y del propio Estado, y cuando ese poder no tiene legitimidad, no entrega una respuesta que los ciudadanos puedan entender, la lealtad de las personas hacia el Estado disminuye, causando inseguridad y, paradójicamente, más delincuencia.

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Categorías:Política y derecho
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